Candidatos a constituyente en cinco claves

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La semana pasada comenzó la campaña oficial y los candidatos ya están desplegándose, principalmente en plataformas digitales.

Aunque la campaña electoral para los constituyentes que redactarán la nueva Carta Magna ya está en marcha, las calles de nuestro país no dan cuenta aún de la intensidad a que nos tenían habituados estos procesos, ya sea por las restricciones de la pandemia o por la crisis económica.
Si para todos los candidatos será difícil llegar a la ciudadanía para convencerla y asegurar su voto, todos coinciden en que la tarea más dura para llegar a la convención la tienen los independientes. Y justamente en la serie de esta semana tres de ellos nos entregan sus definiciones en materia de derecho de propiedad, medioambiente, seguridad social, derechos laborales y reforma tributaria: Antonio Walker, Luis Mesina y Clemente Pérez.
Antonio Walker (Indep.), exministro de Agricultura: Pacto Vamos por Chile, distrito 17 (Constitución, Curepto, Curicó, Empedrado, Hualañé, Licantén, Maule, Molina, Pelarco, Pencahue, Rauco, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Rafael, Talca, Teno y Vichuquén)
1.Derecho de propiedad: El derecho de propiedad es una libertad fundamental que permite a las personas desplegar sus proyectos de vida en forma autónoma y contribuir al desarrollo del país, por lo que debe ser ampliamente protegido por la Constitución. La ley puede establecer límites y obligaciones que deriven de la función social de la propiedad y disponer expropiaciones sobre la base de un derecho a indemnización mediante un procedimiento conocido e imparcial.
2.Medioambiente: Debemos redefinir el rol del medioambiente y la naturaleza en nuestra constitución. Impulsar con fuerza y decisión el compromiso del Estado y de la sociedad con el desarrollo ecológico y sustentable, proponiendo un nuevo equilibrio entre el desarrollo económico, cuidado del medioambiente y equidad social. Quiero impulsar una Agro-Constitución, que reconozca nuestro vínculo con la naturaleza, con la tierra, ligada a una de las actividades sociales y económicas más nobles: la agricultura. Que garantice el agua como derecho humano y su acceso se priorice para el consumo y las actividades agrícolas.
3. Seguridad social: Limitar la acción privada sería un error. Debe existir una provisión mixta de aquellos derechos sociales garantizados en la nueva constitución, como la salud y la educación. Necesitamos un Nuevo Estado para garantizar la calidad y la eficiencia de los servicios públicos dispuestos a satisfacer estos derechos. Además, el Estado deberá abogar para que toda persona durante vida esté protegida de las consecuencias económicas adversas producidas por la invalidez, la discapacidad, la enfermedad, los accidentes, el desempleo, la carencia de vínculos afectivos y de protección.
4. Derechos laborales: Las políticas laborales en Chile se enmarcan, fundamentalmente, en tratados internacionales, que reconocen ciertos derechos y garantías para los trabajadores y las relaciones contractuales. Las constituciones no deben zanjar las discusiones respecto a las políticas laborales en particular. No deben quedar escritas en piedra, porque la sociedad evoluciona. Por eso, deben discutirse en el espacio democrático, en el Congreso, con la flexibilidad que ello le entrega.
5. Reforma tributaria: La nueva constitución no puede ser un instrumento en el cual plasmemos un programa de gobierno o un modelo específico de sociedad. La nueva constitución debe dar libertad a una sociedad diversa y cambiante de tomar sus decisiones en el ámbito democrático. Una constitución mínima y liberal debe establecer un marco general de principios, derechos, garantías e instituciones. No es el espacio para establecer un sistema tributario en específico. Debe establecer, por cierto, el principio de justicia tributaria, pero no un régimen tributario.
 
Luis Mesina (indep.), vocero de la Coordinadora No + AFP: Lista Unidad de Independientes, distrito 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago)
1.Derecho de propiedad: Debe estar restringido en razón de la función social; del cuidado al ecosistema; de una sociedad donde los bienes de uso público tengan efectivas garantías para el acceso de la población y en razón de que la propiedad tenga limitaciones para evitar la concentración en pocas manos, como ha venido ocurriendo en nuestro país. Razón por la cual debieran establecerse límites a la propiedad sobre la tierra, sobre los bordes costeros de todos los bienes públicos, lagos, ríos, mares, etc. Poner fin al abuso y desigualdad en nuestro país exige abordar el tema de la propiedad, quizá, como el central.
2.Medioambiente: El respeto, cuidado y protección al medioambiente es crucial en estos tiempos. El calentamiento global, la crisis hídrica que está a la vuelta de la esquina, amerita tomar decisiones a la brevedad. En lo inmediato poner fin al Código de Aguas, reestableciendo a este bien de uso público, con las más altas garantías de protección, de forma que nunca más pueda estar en manos privadas que lucran con él y, lo más grave destruyen zonas importantes de nuestro país convirtiendo en zonas de sacrificio a vastos sectores de la población. Ello supone establecer en la nueva Constitución garantías de protección a la naturaleza, es decir, como han señalado algunos estudiosos del tema, similar a un “sujeto de derecho” de forma tal, de recurrir de protección cada vez que ésta esté amenazada por determinados proyectos económicos.
3.Seguridad social: Previsión y Salud deben recuperar su condición de formar parte integral de la seguridad social, lo que supone desprivatizar estos derechos, acabar con los decretos leyes que dieron origen a la privatización de la previsión y de la salud. Supone acabar con las AFP y las Isapre, avanzando rápidamente hacia un nuevo sistema de plenas garantías que, en el caso chileno, es perfectamente posible y sustentable en el largo plazo, dado el nivel de contribuciones que actualmente entregamos, ello supone conditio sine qua non incorporar la solidaridad por sobre la individualidad y acabar con el negocio en estas áreas sociales.
4.Derecho Laboral: Restituir plenamente a rango constitucional los principios tutelares del derecho laboral, ello exige que la nueva Carta Fundamental recoja plenamente los convenios internacionales de la OIT (87 y 98) estableciendo en la nueva Constitución el derecho pleno a la negociación colectiva y a la convocatoria a huelga, sin más requisitos que los determinados por la normativa interna de los sindicatos. Es decir, reconocer la libertad sindical como derecho irrenunciable y la negociación colectiva fuera de los marcos actuales que la restringen al ámbito sólo de la empresa.
5.Reforma Tributaria: Tema central para lograr financiar las demandas sociales. Aunque creo que esta materia debiera tener una consideración general solamente, referida a que el capital financiero y no financiero debe aportar una tasa más alta de impuestos al país, pero debiera ser una ley simple la que determinara los porcentajes que debieran aportar quienes más ganan en el país.
Clemente Pérez (indep.), expresidente de Metro: Lista Independientes con Chile, distrito 11 (Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén)
1.Derecho de propiedad: El derecho de propiedad y la libre iniciativa privada son piedras fundamentales de una constitución democrática. Existe amplio consenso de que esto se debe mantener. La excepción son los derechos de aguas, donde se propone ciertos cambios: 1. Que en el otorgamiento de nuevos derechos se permita priorizar abastecimiento de la población por sobre otros usos. 2. Que no se pueda afectar los derechos de aprovechamiento ya constituidos sin indemnizarlos. 3. El gran drama hoy es la falta de agua y para combatirla se requieren inversiones. Se requiere tener tranquilidad de que quien invierta, podrá disponer del agua que logre extraer o reservar fruto de esas inversiones.
2.Medioambiente: La Constitución actual fue pionera en la protección del derecho a vivir en un medio ambiente limpio. Hoy se requiere un concepto más amplio de medio ambiente y que se incorpore la carbono neutralidad.
3.Seguridad social: Creo en esquemas de cooperación entre el sector privado y el público. Debe haber pisos mínimos de estabilidad en pensiones y salud. Pero se debe mantener el rol de los privados en aquellas áreas en que son más eficientes, como es la administración de los fondos de pensiones o la construcción y mantención de hospitales.
4.Derechos laborales: El esquema de los derechos laborales debe ser revisado a la luz de una economía más flexible y dinámica, especialmente después de la pandemia.
5.Reforma tributaria: Sin incrementar la carga tributaria, afinaría la estructura subiendo los impuestos a las externalidades negativas; por ejemplo, el impuesto verde es muy bajo y cerraría los espacios disponibles para la elusión.

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