Carabineros, otra vez – El Mostrador

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El procedimiento policial donde resultaron baleados por Carabineros dos niños que se encontraban bajo resguardo del Estado en el SENAME, es una situación gravísima, representativa de la dramática situación por la que atraviesa la institución. El uso irracional de la fuerza, la falta de preparación y el descontrol absoluto de la autoridad civil y el propio mando sobre la “tropa”, han configurado un escenario en donde, paradójicamente, la policía uniformada se ha transformado en un problema de seguridad nacional.
La gestión de Rozas al mando de la institución fue nefasta, qué duda cabe. Sin embargo, no sería correcto endosar a él la responsabilidad absoluta de la grave crisis por la aqueja a esta policía. Tampoco creo que sea justo atribuir a Carabineros el protagonismo de su hundimiento.
El problema de Carabineros es esencialmente político y por tanto, la autoridad civil es su principal responsable. Durante 30 años, los gobiernos de todo el espectro político hicieron oídos sordos a un fenómeno que inexcusablemente se veía venir.

Bajo la falsa premisa que a mayor número de Carabineros se mejoraban las condiciones de seguridad del país, se aumentó significativamente el número de funcionarios y el presupuesto de la institución. Esto produjo una institución gigantesca, sin los mínimos mecanismos reales de control y preparación. Se les permitió hacer lo que quisieran, tal como fuera reconocido por un ex ministro del Interior hace unos meses atrás.
El carácter político de la crisis de Carabineros también impacta a sus funciones operativas, traduciéndose en una provisión de servicios policiales deficientes que afectan fundamentalmente a los habitantes de los sectores de menores ingresos. Miles de chilenas y chilenos observan con indignación como cientos de efectivos son destinados a la protección de una estatua, mientras los criminales hacen lo que se les da la gana en cientos de barrios de nuestro país.
De igual forma, son testigos de cómo los municipios deben utilizar parte de sus escasos recursos en la compra vehículos policiales y otros bienes, ante la incomprensible excusa de la “falta de recursos.” Bien vale recordar que el fraude en Carabineros supera los 28.000 millones de pesos.
La gravedad del problema amerita más que una “modernización” o “reforma” a Carabineros. Necesitamos una nueva policía y el proceso constituyente es el escenario propicio para su discusión. Toda sociedad que pretenda que sus conflictos se resuelvan por una vía distinta a la “ley del más fuerte” deben contar con una policía. Atendiendo a lo sensible e imprescindible que resulta la labor policial, esta debe ser concebida de una forma democrática, eficiente y profesional desde la más importante de todas nuestras normas: la Constitución. El proceso constituyente representa una oportunidad única para pensar una nueva policía.
De ahí entonces, que los convencionales deberán tener el valor suficiente para no sucumbir ante la seductora tentación de caer en gracia a esta poderosa institución, que bajo el manto de la “modernización” y la “reforma”, continúa resistiéndose a un cambio real.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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