Corrupción municipal, una realidad que no queremos ver

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Según un estudio de percepción de corrupción realizado por Contraloría, los chilenos percibimos que el país es más corrupto que en 2019. Y la verdad es que no se trata de que Chile sea más corrupto, sino que es más consciente de estos hechos, al mismo tiempo que se conocen más casos.
Así, en este 2020 nos enteramos día a día de irregularidades, muchas de ellas asociadas a municipios. Las causas son muchas: mayor autonomía en determinadas áreas, poco control, malas prácticas y manejo de altas sumas de dinero, lo que facilita la comisión de delitos.
Los casos son tantos que, a medida que pasa el tiempo, se nos van olvidando. Pero solo a modo de pincelada recordaremos algunos escándalos municipales 2020.
En mayo, conocimos el caso “Luces Led”, en el que se descubrió que la empresa Itelecom llevaba años adjudicándose licitaciones de recambio de estas luminarias en los municipios de Iquique y Chillán, y en el que incluso habrían estado involucrados funcionarios del Ministerio de Energía. Este caso se vincula además a las irregularidades en contratos de camiones aljibes en Chillán, ya que tienen en común a un exadministrador municipal.

Lo que ocurre en Tierra Amarilla es de no creer, ya que la municipalidad ha debido enfrentar dos hechos de corrupción, ambos protagonizados por exalcaldes: el primero por recibir pagos de un exabogado de Minera Candelaria para que el municipio cesara las acciones legales que impedían un proyecto de expansión; el segundo, por recibir pagos en efectivo de empresas contratistas, a cambio de asignaciones para proyectos.
En la Región de Valparaíso los casos son diversos. En la Municipalidad de Viña del Mar se investiga el pago de horas extras, presupuestos falsos y escuelas de fútbol fantasmas; mientras que en Valparaíso se revisa la presunta ilegalidad y faltas a la probidad en un concurso público de la Cormuval. Y en Concón, el municipio inició un sumario en contra del director de Obras Municipales, tras rechazar la instrucción de dejar sin efecto los anteproyectos y permisos de construcción de una empresa en el campo dunar.
Atención aparte merece la situación de la Municipalidad de San Ramón, donde incluso hemos visto involucrado al narcotráfico. Hoy siguen saliendo denuncias a la luz, como el contrato de personas condenadas por delitos como homicidio o porte de armas, o el hecho de que el alcalde irá a la reelección y que su exjefe de gabinete –quien fuera condenado por manejar autos robados– buscará ser concejal.
Ante esta breve pincelada de corrupción municipal, se hace urgente reforzar los controles. Un ejemplo lo está dando la Municipalidad de Talcahuano, que este año aprobó la primera oficina anticorrupción del país, con el fin de evitar conductas contra la probidad y educar a sus funcionarios al respecto.
Todos cumplimos un rol en la sociedad y, por lo mismo, debemos atrevernos a denunciar hechos irregulares en caso de conocerlos. De lo contrario, nos hacemos cómplices de la corrupción. Actualmente avanza en el Parlamento el proyecto que crea la figura del denunciante anónimo y su debida protección, además de un canal de denuncias a través de la Contraloría, que será aplicado en diversos servicios públicos, siendo uno de ellos las municipalidades. De hecho, el proyecto fue aprobado en las comisiones de Constitución y Gobierno Interior unidas, y será votado en Sala próximamente.
De la misma manera que exigimos transparencia y probidad, debemos asumir un compromiso con estos valores para recuperar la confianza de los chilenos en sus instituciones. Las señales deben ser más potentes que nunca si queremos recobrar la fe pública y ser parte de una democracia plena, donde los delitos no queden impunes y los corruptos cumplan sus penas, sin importar quienes sean.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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