Derechos básicos garantizados y mucho después… los negocios privados

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En los últimos días se ha informado de la compra por parte de la empresa estatal china State Grid, de la empresa CGE, que opera en varias regiones del país distribuyendo la energía en alrededor del 50% de los hogares de Chile.
Esta operación se habría concretado por la compra del 96.04%, en casi 3.000 millones de dólares, de la participación que la empresa española Naturgy poseía en la empresa chilena, constituyéndose en la operación más grande realizada en el país durante el año 2020.
Anteriormente, en octubre de 2019, la misma empresa china había adquirido Chilquinta, que también se dedica a la transmisión eléctrica.

Si bien es cierto esta operación requiere la opinión definitiva de la Fiscalía Nacional Económica, no es de extrañar que esta se produzca, toda vez que ello se enmarca dentro de las condiciones que priman en un Estado que ha consagrado, en su Constitución, el principio de subsidiaridad, que permite estas y otras operaciones “privadas”, aun cuando se trate de áreas del mayor interés nacional, incluso desde el punto de vista de la seguridad nacional.
El presidente de Naturgy ha señalado, respecto de esta venta, que “nos permitirá ser más ambiciosos en nuestros planes de inversión y crecimiento” y que “supone un primer paso importante en nuestros objetivos de rotación de activos”.
Es decir, como corresponde a la extrema concepción neoliberal del funcionamiento no solo de la economía, sino de las relaciones sociales, estas empresas solo importan en función de los “planes ambiciosos”, que maximicen las utilidades de sus accionistas y ni de lejos las condiciones de servicio de los “clientes” que requieren de la energía necesaria para su vida diaria o para sus emprendimientos.
Cabe agregar adicionalmente que, en función de la legislación actual, estas empresas “reguladas” tienen condiciones particularmente beneficiosas para operar en “el mercado nacional”, incluyendo utilidades aseguradas y condiciones de operación, que generan una absoluta asimetría entre “sus derechos” y los de los consumidores que, en cada zona, no tienen opciones, lo que transforma esta actividad económica en un perfecto monopolio.
Así, la empresa vendedora, en pocos días tuvo un alto rendimiento en la Bolsa de Acciones de Madrid, incrementando su valor en un 6%.
De esta forma, estas operaciones generan altísima rentabilidad a las empresas involucradas, y ¿los consumidores nacionales, qué?
CGE es actualmente la mayor distribuidora de electricidad del país, se encuentra presente en 14 regiones y llega al casi el 50% de los hogares chilenos.
Por su parte, la empresa adquirente ha “valorado las condiciones favorables que tiene Chile para el desarrollo de energías renovables no convencionales y el potencial de la cartera de transmisión”.
Dicho de otro modo, esta operación avanza por dos vías. Por una parte, una decisión de invertir en un “mercado abierto” como el chileno y, en segundo lugar, orientar esas inversiones al ámbito no solo de la distribución, sino también en el área de las energías renovables, donde Chile tiene ventajas, particularmente por las condiciones de su desierto y los más de 6.000 kilómetros de costa.
¿Y el rol del Estado? ¿Y la seguridad nacional, respecto del control de sus riquezas naturales y del control sobre la distribución eléctrica, en todo su territorio? Hasta aquí, cero. Lo anteriormente señalado es lo más representativo de la ideología neoliberal, que ha prevalecido desde la dictadura en adelante, dejando al Estado no solo minimizado, sino como guardián de los negocios privados, que han generado una inequidad que hoy el país denuncia, como base de las manifestaciones que se suceden desde hace más de un año.
Nos encontramos, entonces, frente a uno de los temas más importantes que tendremos que enfrentar en el debate constitucional que se inicia. Pasar de un “Estado subsidiario” a uno que garantice derechos sociales universales, será la tarea prioritaria y, dentro de ello, los servicios de energía en todas sus formas, el agua y otros bienes propios del desarrollo básico de la vida humana moderna, deberán estar en el primer lugar del cambio constitucional que espera la inmensa mayoría de los chilenos.

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