Día Mundial de los Océanos y la Bahía de Quintero: del sacrificio a un modelo de restauración ambiental y social

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Cuando se deja que las industrias contaminen un lugar poblado como si fuera un vertedero, lo que dan a entender es que sus habitantes, su hogar y formas de vida no valen nada o, en cualquier caso, valen menos que sus dueños y las autoridades.
El Estado de Chile, representado por sus gobiernos – de derecha, centro y izquierda – convirtió varias áreas costeras del país en vertederos humanos, zonas de sacrificio donde empresas y Estado estimaron que las vidas de sus habitantes podían ser sometidas a niveles inhumanos de contaminación para producir energía y riqueza para el resto.
La concentración de empresas altamente contaminantes en una zona de sacrificio no fue casual. Lo incentivó el Estado y lo pagaron las empresas. En las últimas décadas ha habido un sinnúmero de actos y omisiones que revelan un trato evidentemente favorable a su instalación y operación, además de una abierta discriminación contra grupos de la población chilena que sufrirían las consecuencias. Las zonas de sacrificio nunca fueron solo contaminación. También significan exclusión, negación de la dignidad humana, abuso de poder.
Emplazar en los límites de un pueblo tal cantidad de fuentes contaminantes como termoeléctricas a carbón, fundiciones y refinerías de cobre y otros metales, almacenamiento y distribución de petróleo y substancias químicas, sabiendo claramente su efecto combinado en el ambiente y en la salud humana, debe acarrear responsabilidades legales y políticas.
Sabían lo que hacían. Numerosos estudios encargados por el Estado y otras entidades independientes lo advirtieron claramente hace muchos años. El caso de la Bahía de Quintero es emblemático y dramático. Diecinueve empresas juntas, niños intoxicados con SO2 abandonando sus colegios para llenar las salas de urgencia, luego gran parte de su población intoxicada por emanaciones tóxicas del petróleo de ENAP, derrames en el mar, una mayor mortalidad e incidencia de enfermedades respiratorias y cáncer que el resto del país, la casi desaparición de la pesca artesanal y agricultura, y la lista continúa.
Estas comunidades han asumido todos los costos del progreso de Chile y ninguno de sus beneficios. Es tiempo que los responsables paguen esta deuda.
Debemos dejar de tratar a estas áreas como zonas de sacrificio y convertirlas en zonas de restauración ambiental y social. Ya no basta con planes de descontaminación que buscan solo bajar la contaminación hasta sacarlas de un estado de saturación. Eso solo perpetúa la relación de abuso entre las empresas y el Estado contra las comunidades. Tampoco se puede abordar este problema solo desde la perspectiva del cambio climático. No es solo CO2 lo que sale de estas chimeneas. Son varios los contaminantes tóxicos que emiten, además de la agresiva ocupación de un territorio que ya no es compatible con actividades como el turismo, la pesca ni la agricultura, todas ellas fuentes de ingreso y trabajo abundante antes de la industrialización.
Ningún gobierno ha logrado bajar de manera permanente la contaminación a niveles que no comprometan la salud. Tampoco se ha retirado ninguna de las monstruosas chimeneas, ni las gruesas tuberías que descargan agua caliente al mar o los enormes galpones que encarcelan la ciudad. De hecho, hay planes para instalar más empresas como una desaladora y ampliar el puerto. Peor aún, el actual gobierno acordó pagarles las empresas generadoras para que sigan ahí por años en “estado de reserva estratégica”.
Debemos exigir la responsabilidad política y ética de reconstruir las condiciones que devuelvan la dignidad a quienes viven en las zonas más degradadas del territorio nacional. Un paso necesario es la transformación de su matriz productiva por otra que permita reducir, mitigar y, en lo técnicamente posible, revertir los daños producidos al ecosistema original. Acelerar el cierre y desmantelamiento de las termoeléctricas a carbón de AES Gener y fundición de cobre de Codelco-Ventanas es técnica y económicamente posible, además de una obligación consistente con el momento político actual que tiene como prioridades la protección del medioambiente y la eliminación de las discriminaciones arbitrarias.
Un esfuerzo de esta magnitud debe contar con el liderazgo y respaldo del Estado, la colaboración del mundo privado y, sobre todo, la participación activa de la comunidad afectada.
Las zonas de sacrificio, en especial la Bahía de Quintero, ha sido injustamente un símbolo de un Chile del pasado. Un Chile que sometió a parte de su población a un trato vejatorio e inhumano, que tuvo que soportar la destrucción de su entorno, de sus oficios y proyectos de vida y, a veces, de sus propias vidas. Ahora pueden ser el símbolo del Chile del futuro, uno que trata a todos como iguales, donde nadie tiene que ser sacrificado para el beneficio de los privilegiados y donde demostremos que somos capaces de producir de manera limpia, sin seguir agravando la crisis ambiental en la que está sumido nuestro planeta.

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