El Chile de las canastas de hambre en tiempos de pandemia

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Tras la crisis sanitaria vivida durante el año 2020, se han elaborado programas y planes gubernamentales para hacer frente a las situaciones de precariedad familiar que implican diversas afecciones bajo el COVID-19. Una de las medidas tomadas fue el “Plan Alimentos Para Chile”, también conocido como “Plan Canasta”. La iniciativa consistía en la entrega de cajas de mercancía y utensilios de aseo por parte del Estado, para poder minimizar un poco el impacto de la pandemia en este sentido.
A principios de marzo, y más allá de algunos problemas de coordinación, se repartió un total de 2,6 millones de cajas, superando la meta propuesta en un principio, que consideraba la entrega de 2,5 millones de cajas. Las principales afectadas son las familias en situaciones más críticas y que se han visto aún más afectadas por la pandemia, tomando en cuenta el contexto de que muchos hogares chilenos hoy dependen de la capacidad de crédito y de endeudamiento para poder comprar. Con la aparición del COVID-19, en Chile aparece la palabra “hambre”, que hace ver los grandes problemas que antes de la pandemia se sabían ocultar frente a un modelo de supuesta “prosperidad modernizante” (19990-2010), pero que en realidad solo era una “fachada” que ocultaba la concentración del mercado laboral y una desigualdad expansiva. No se trata de negar todos los logros de nuestra “modernización acelerada”, ni algunos indicadores de crecimiento, pero cabe admitir una realidad escondida que ha golpeado a miles de chilenos.
El plan mencionado fue una medida de varias otras para dar frente a todo el contexto sanitario con sus consecuencias –y su justificación viene dada en que es una política de apoyo a los hogares y familias, junto a medidas dirigidas a empresas–, que tienen origen en los problemas sociales y económicos que se han ido evidenciado con el pasar del tiempo.
En cuanto a la implementación de tales medidas, se presenta un problema logístico ligado al poco tiempo con el que se contaba para llevarlo a la práctica, en parte debido a la inexperiencia que implicó la emergencia sanitaria. Un ejemplo de esto es la gran cantidad de familias que no se encontraban inscritas en el Registro Social de Hogares. La falta de transporte en varios municipios y poca fiscalización en la entrega de las cajas agregó la confusión entre canastas del Gobierno y la caja de ayuda municipal. El punto clave para una correcta elaboración de la implementación de este programa se debería concentrar en la gestión de abastecimiento. Con esto nos referimos a asegurar las fuentes de suministro y, al mismo tiempo, tener en cuenta la entrega y correcta distribución.
Analizando la gestión, se detecta un déficit en la eficiencia de los mecanismos de transferencia de los componentes al beneficiario, respecto a la demora de entrega y la eficacia con la que se lleva a cabo la tarea, basado en los problemas que aparecieron al no lograr llegar al 100% de la población objetiva. Lo relevante de este problema son los criterios de focalización, que están vinculados principalmente a un déficit de información en la ficha de hogar. Se generan dos tipos de errores de focalización, en primer lugar, hay un error de exclusión, al no tomar en cuenta a personas que sí necesitaban dichas cajas y, en segundo lugar, el error de inclusión, al tomar en cuenta y entregar cajas a personas que no estaban dentro de los criterios de focalización, pese a que su expulsión del mercado del trabajo también comprendiera una ayuda alimenticia. Cabría repensar la relación entre Registro Social de Hogares y ayudas del Estado, porque la focalización auxilió a un quintil muy castigado de la población.

No estamos afirmando ni argumentando que la iniciativa sea intrínsecamente nefasta. Con todo, el plan ayudó a solucionar la deficiencia de alimentos en los hogares, el problema va enfocado a reestructurar su formato y las mejoras en la gestión. El diseño de entregar solo dos veces los alimentos en siete meses, no fue el apropiado para poder abordar efectivamente la necesidad en su totalidad y cumplir con los objetivos integrales de una política que requería incluir otras dimensiones.
Entonces, carece de realismo pretender que las familias más vulnerables –aquellas receptoras del IFE– puedan sobrevivir con dos cajas entregadas en un transcurso de ocho meses. La crítica va dirigida a que los componentes diseñados no fueron los correctos ni suficientes para lograr el propósito buscado. Es importante mencionar que el Gobierno de Sebastián Piñera no está considerando el nivel de especialización y la capacidad que se necesita para poder hacer efectivo un plan de esta magnitud. Se requiere de un sistema complejo, tomando en cuenta planificación, ejecución, control y maximización del desempeño en términos logísticos, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de componentes entregados en cuanto a la cobertura de necesidades de primer orden.
La institucionalidad gubernamental puede jugar un rol importante para poder ser más eficientes en cuanto a un programa de este estilo, como, por ejemplo, la ayuda de la Contraloría General de la República, que sería bastante práctica respecto a poder llevar un registro de beneficiarios que realmente recibieron los componentes o ayuda del programa, dando especial atención a la accountability.
En suma, ante la ausencia de diagnóstico, el plan ha demostrado que no estuvo lo suficientemente elaborado y planificado como para satisfacer las necesidades de la población objetiva en su totalidad, se presentan graves problemas en la entrega de beneficios, que en parte es debido a la emergencia y velocidad con la que se tuvo que actuar, lo que no permitió contar con una infraestructura para el transporte, establecimiento de almacenamiento de los componentes. No existía un sistema tecnológico de flujo y se evidencian problemas con la capacitación del capital humano. Faltó control en la cadena de suministro, que finalmente fue la gran falencia que no permitió que los componentes llegasen a sus beneficiarios correspondientes.
Esto nos invita a pensar un poco más en acontecimientos como el estallido social (cctubre 2019) que ha sido tan renombrado y que, sin importar la ideología política, existe un consenso en que las demandas sociales no han sido bien cubiertas a lo largo de la historia de la democracia chilena. De este modo, transitamos del malestar (PNUD) a una conflictividad estructural que se ha expresado en una enorme polarización que impide consensos o los “lineamientos mínimos” de un democracia liberal. La evidencia nos indica que tenemos una crisis de políticas públicas que no saben responder ni leer a la sociedad junto a sus necesidades, ni menos lidiar con las demandas insatisfechas del Chile profundo.
A pesar de una creciente “democracia sentimental”, donde abunda la “emocionalidad evaluativa” de relatos de ciudadanía, medios de comunicación (matinales) y a veces “expertos indiferentes”, las medidas políticas que se han tomado en el último período del Gobierno de Piñera han sido decisiones sesgadas. Tal sesgo se basa en la presión social existente y esta tensión que provoca incertidumbre en un futuro democrático que no se ve muy contundente ni legitimado. Hay que hacer un análisis y reestructuración a la institucionalidad para poder contar con políticas públicas contundentes y legitimadas, que sean capaces de dar respuesta y satisfacción a las distintas necesidades que se integran en una sociedad. Estas deben ser algunas lecciones si, lamentablemente, la combinación entre pandemia y cesantía se llega a prolongar más allá del verano del 2021.

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