El Gobierno permite a las comunidades acudir al Supremo para que unifique las restricciones tras el estado de alarma | España

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El Gobierno mantiene su firme decisión de que el estado de alarma decaiga el 9 de mayo. Pese a las presiones de algunas autonomías, no lo prorrogará. Pero tampoco dejará a las autonomías sin ninguna protección legal. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto en el que, además de prorrogar algunas medidas del escudo social que estaban sujetas a la vigencia del estado de alarma, establece un mecanismo para que las comunidades puedan evitar problemas con los tribunales superiores de justicia, como reclamaba especialmente el País Vasco.El texto, que modifica la ley que regula el contencioso administrativo, incluye la posibilidad de que se mantengan medidas que afecten a derechos fundamentales siempre que cuenten con autorización judicial. Y permite la posibilidad de que, en caso de ser rechazadas esas medidas por los tribunales superiores, se pueda acudir en casación al Tribunal Supremo, algo que ahora no podían hacer. Además le da cinco días al Supremo para responder, con lo cual este proceso se acelerará. De esta manera, el Supremo unificará la doctrina y en breve habrá jurisprudencia para todas las autonomías que señalará si pueden o no tomar esas medidas.El Gobierno sigue pensando que el toque de queda solo se puede mantener bajo el estado de alarma, y por tanto decaerá el 9 de mayo. Algunas autonomías, como la Comunidad Valenciana, quieren prorrogarlo y se preparan para solicitar la autorización a la justicia. Con el decreto del Gobierno, podrán acudir al Supremo si su tribunal superior se lo rechaza. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, responsable del decreto, ha asegurado tras el Consejo de Ministros que esta norma servirá para “dar tranquilidad a las autonomías” y para que rápidamente el Supremo establezca la misma doctrina para todas, sin que tengan que estar a expensas de distintas resoluciones de cada tribunal superior.Rueda de prensa de Carmen Calvo tras el Consejo de Ministros. En el Ejecutivo creen que este decreto sí permitirá que las comunidades mantengan medidas como el cierre perimetral, siempre que cuenten con el aval de su tribunal o la casación posterior del Supremo, pero no el toque de queda. Pero Calvo ha dejado abierta incluso esta última posibilidad. Serán los tribunales los que vayan marcando el camino a partir de ahora.La mayoría de los tribunales están aceptando todas las restricciones de las comunidades, pero algunos, en especial el del País Vasco, las han rechazado. Con esta medida se sortearía ese problema. La clave es que será el Supremo el que unifique las decisiones de todo el país, para evitar que una misma medida se autorice en una comunidad y no en otra en función del criterio de su tribunal.El Gobierno desarrolla así la legislación para consolidar su decisión de no prorrogar el estado de alarma. Ahora toda la responsabilidad pasa a las autonomías, que ya tenían el peso principal de las decisiones.El Ejecutivo también cubre en el decreto las medidas del escudo social que estaban sujetas al estado de alarma y que podían decaer si no se hacía una norma como esta. El decreto las dilata de momento hasta el 9 de agosto, tres meses más. Entre ellas hay algunas muy importantes como la prórroga de la suspensión de desahucios o la prohibición de cortar los suministros de gas, luz y agua a las familias en situación más precaria. Además extiende la suspensión de las juntas de propietarios hasta el 31 de diciembre, según ha avanzado la Cadena SER.

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