Gasto de defensa en tiempos de restricciones presupuestarias

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La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda ha publicado los resultados de ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2021, que muestran un monumental déficit fiscal y un inmenso crecimiento de la deuda de gobierno y que los especialistas prevén que, a futuro, serán aún peores para solventar las transferencias sociales extraordinarias debido a la pandemia y satisfacer las demandas sociales emergentes. Estas cifras, lamentablemente, confirman la eminente “quiebra anunciada de la Defensa”, que advertimos durante las pasadas dos décadas en presentaciones y medios de comunicación, a pesar de quienes intentaban negar esta situación.
Sin embargo, la Política de Defensa 2020, desarrollada a escondidas de los chilenos y recientemente “decretada” por el Presidente Piñera, parece seguir suponiendo un “lindo país esquina con vista al mar” en que todo sigue igual, disponiendo lo siguiente: “El Estado de Chile tiene la responsabilidad de mantener una capacidad militar suficiente para contribuir al logro y defensa de los intereses y objetivos del país, asignando los recursos adecuados para el sector Defensa”; agregando que la superioridad operacional propuesta: “… Contempla la capacidad para accionar en forma simultánea o secuencial en varios frentes, incluyendo capacidades para actuar en la profundidad adversaria, en forma selectiva” y, además, señalando: “… Una tarea prioritaria para el Ministerio de Defensa Nacional es desarrollar y mantener capacidades efectivas de las FF.AA. que contribuyan a la disuasión y, en caso de empleo, permitan superioridad operacional, que asegure las mejores probabilidades de éxito en el cumplimiento de sus objetivos, en todo el rango de sus tareas y misiones”.
Al respecto, la disuasión militar es una antigua postura estratégica que fue exitosamente aplicada por Estados Unidos para contener a la Unión Soviética durante la Guerra Fría mediante la amenaza de una “destrucción nuclear mutua asegurada”, basada en la premisa de que los costos de una agresión resultarían mayores que sus beneficios y que fue implementada en conjunto con la Doctrina de Seguridad Nacional, que pretendía impedir su “expansionismo ideológico” a países menores, incluyendo Chile, mediante la instauración de “democracias protegidas”. Ella fue incorporada a nuestra Política de Defensa posdictadura a partir de una presentación del entonces director de Anepe, general Javier Salazar, en un seminario realizado en la Academia de Guerra del Ejército el 4 de septiembre de 1991 y asimilada por la “Comunidad de la Defensa” sin mayor debate, salvo que posteriormente el Ministerio de Defensa la maquilló, agregándole el calificativo de “defensiva-disuasiva”, al costo de diluir su voluntad implícita de empleo de la fuerza y transformarla en una estrategia no creíble, con lo cual el gasto de MMUS$13000 en compras de sistemas de armas desde esa fecha ha resultado un tremendo despilfarro de recursos.

En conformidad con la Constitución de 1980, el decreto presidencial comentado le atribuye una contribución esencial a la Fuerza Militar, minimizando el hecho que es la estatura estratégica dada por el poder nacional de un Estado exitoso el destinado a mantener la paz y, para ello, el instrumento militar debe ser consistente con las prioridades nacionales y su posicionamiento internacional y estar diseñado para contribuir a la construcción de esta paz y no para intimidar a potenciales adversarios vecinales. Realmente esta Política de Defensa 2020 parece responder a objetivos corporativos de la Fuerza Militar para justificar aumentos del gasto de defensa a través de requerimientos estratégicos fundados en una disuasión y superioridad operacional que requieren mantener un permanente e infinanciable alistamiento de guerra en tiempos de paz y que resultan incapaces de evitar conflictos no nucleares, como lo ha comprobado Estados Unidos en Corea, Vietnam, Irak, Kuwait y Afganistán, entre otros.
Con el objeto de resolver este complejo futuro que enfrenta nuestra Fuerza Militar, llegó el momento de sincerar nuevas respuestas a viejas preguntas, tales como: ¿de qué defendernos?, ¿cuánta defensa es suficiente?, ¿cuánta defensa podemos financiar?, ¿cómo organizamos la Defensa?, ¿con qué estrategia?, ¿qué tipo de Fuerza Militar?, ¿qué carrera militar?, ¿con qué sistemas de armas?, etc.
Para ello deberemos considerar los Libros de la Defensa Nacional de Chile, particularmente el Libro IV de 2017 en su capítulo X, que dispuso que nuestras modalidades de empleo de la fuerza militar son: la legítima defensa, la disuasión y la cooperación, lo que nos habilita para reducir la importancia de la insostenible disuasión como modalidad principal de empleo de la Fuerza Militar y fortalecer una financiable postura de legítima defensa, según lo establecido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y en el principio de abstención de la amenaza y del uso de la fuerza incorporado en la Resolución N°2625 de la XXV Asamblea General de la ONU, para que, junto a una activa Política Exterior de cooperación internacional, nos permitan impulsar una nueva Política de Defensa consensuada, sustentable y consistente y, de acuerdo a ella, reformar nuestra Fuerza Militar para sintonizarla con la nuevas prioridades del Estado y los escenarios estratégicos del siglo XXI.
Para la implementación de esta propuesta, a partir del próximo 11 de marzo de 2022, civiles y militares deberemos volver a trabajar juntos, con las puertas abiertas, tal como lo hicimos exitosamente 20 años atrás para el primer Libro de la Defensa. Este será nuestro aporte a un nuevo Chile que nace y que quiere seguir viviendo en paz.

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