Gobernadores Regionales: una espera con sabor a derrota para la derecha y una nueva tensión para La Moneda

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Nadie duda de que con o sin competencias claras, el solo hecho de transformarse en la primera autoridad regional electa dará, a los nuevos gobernadores regionales (Gore), un poder político del que varios estamentos deberán hacerse cargo, incluso antes de que asuman sus responsabilidades. Cruzado esto con una elección presidencial, y en medio de la generación de la propuesta de una nueva Constitución, varios expertos apostaron por la fuerza que las reclamaciones regionales van a tener para incidir en la agenda política y social en el corto, mediano y largo plazo.
Y es que una de las mediciones que en la política hacen mayor sentido, a la hora de realizar cualquier tipo de cálculo electoral de mediano o largo alcance, es a cuánta gente está gobernando su sector. Esto se mide a través municipalidades que están en sus manos, el tamaño de las mismas y la importancia en cuanto a la mediaticidad. En esta ocasión se sumará, de aquí en adelante, el poder que concentrará la nueva figura del Gore, una que se hará de su rol el 14 de julio y que promete tensionar el ya esquivo control de la agenda de Gobierno.
Si se considera que el oficialismo perdió una cincuentena de alcaldías en las últimas megaelecciones, y que los pronósticos para esta segunda vuelta de gobernadores regionales les dan a lo más tres o cuatro de dieciséis reparticiones en total, el escenario para el cierre de esta administración es de muy pocas luces, y eso en los comandos de los candidatos presidenciales de Chile Vamos lo tienen más que claro.
Y si bien nadie en el oficialismo se esperaba una derrota de la magnitud sufrida, en La Moneda, desde ocurrido el estallido social del 18 de octubre del 2019 a la fecha, se sacaban cuentas en negativo. De ahí que se entienden los numerosos intentos que la sede de Gobierno llevó a cabo para aplazar esta elección, y escindirla de las otras tres que la acompañaron, aunque sin éxito.
Si previo al estallido el Excel de La Moneda hablaba de al menos 11 gobernaciones para su bolsillo, el declive en el apoyo presidencial, sumado a una mal evaluada gestión, y a la imposibilidad de contar con los nombres ideales para hacerlos correr, terminaron configurando un cóctel perfecto que tiene hoy al oficialismo en su totalidad buscando la fórmula para capear una ola que promete dejarlos completamente bajo el agua, complicándoles aún más un escenario que es de total adversidad.
A estas alturas existen dos certezas. La primera, es que los nuevos Gores serán electos sin que se haya aprobado la ley corta de traspaso de competencias, que si bien fue despachada por el Senado, aún carece de su tramitación en la Cámara, donde se espera que la próxima semana sea revisada en la comisión de Gobierno Interior. Cabe recordar que La Moneda ingresó el proyecto en octubre del 2020, fecha en que inicialmente se llevaría a cabo la elección. La segunda certeza es que, independientemente de aquello, la capacidad de influir en la discusión diaria es un hecho.
El anuncio de Ricardo Díaz –candidato a gobernador por la Región de Antofagasta, apoyado por el PRO y el senador Alejandro Guillier– entregó las primeras luces sobre el particular, al anunciar la creación de un bloque de la Macrozona Norte para, de esta manera, elevar todavía más el poder de influencia ante la figura del delegado presidencial (exintendente), cuya instalación –aseguraron varios especialistas–, dada la baja aprobación que considera hoy la administración, partiría en desventaja.
Y es que en esta nueva dinámica de traspaso de poder a las regiones, el solo hecho de transformarse en una autoridad electa por votación popular le entrega valor agregado por sí mismo. De esta forma, la agenda siempre postergada, o contenida a través de las figuras del intermediario, tendrá un nuevo cauce para intentar poner sobre la mesa de discusión demandas que antiguamente asumían un rol secundario para la administración central.
En este sentido, la antigua lógica de canalización de la agenda regional a través de los parlamentarios de la zona, principalmente oficialistas, perderá fuerza, puesto que dejarán de ser la única vía hacia el centro del poder. De esta forma, se espera la creación de nuevas alianzas con los representantes del territorio, como pueden ser los alcaldes, pasando por el lado de los contrafuertes con los que toda administración estaba acostumbrada a lidiar.
Otro de los ejemplos de la creación de polos de poder para contrarrestar al gobierno central, será la conformación de la Asociación de Funcionarios de Gobiernos Regionales, y que tendrá como principal exigencia en tabla, una vez instaurada, la aprobación de la Ley de Rentas. Así lo confirmó a El Mostrador el director de Convergencia Regionalista de Estudios Aplicados (Creasur), de la Universidad de Concepción, y expresidente de la comisión de Descentralización, Esteban Valenzuela. El académico sostuvo que se buscará alcanzar “rentas relevantes” a través de una mezcla de impuestos territoriales, de los recursos naturales y coparticipación en la renta nacional.
Recordados son los estallidos en la Región de Magallanes por el costo del gas, o en Freirina, por los efectos secundarios de la planta de Agrosuper. En este sentido, los más optimistas creen que la nueva plataforma de administración, al tener una mayor capacidad de viabilizar el descontento de una región en específico, podría evitar que de la molestia se pase a un tipo de estallido.
De todas formas, el investigador del IES, Guillermo Pérez, cree que “hoy los incentivos están en la disputa permanente entre el gobernador regional y el Ejecutivo. Al no tener todas las competencias, al no tener todos los recursos, y al tener muchos votos, se van a ir dando situaciones de disputa que no van a tener cómo encauzar institucionalmente”.
Considerando que la actual administración va a debutar con esta nueva lógica de redistribución del poder, Pérez apuntó que “el Gobierno Central deberá tener un gesto de confianza con gobiernos regionales, donde no se mire lo que pasa en regiones con total desprecio. Institucionalmente deberá generar relaciones de colaboración y coordinación más potentes, traspasos de capacidades, de gestión a los gobiernos regionales, traspaso de competencias, graduales, heterogéneas”.
En términos generales, las agendas más postergadas en las diferentes regiones, y según los respectivos programas de Gobierno, apuntarían principalmente a temas de sustentabilidad y medioambiente en las regiones del sur, entre ellas, la contaminación en época invernal a raíz del alto costo del gas. Asimismo, la inmigración en el norte, o un acercamiento desde otro prisma para el denominado “conflicto mapuche”. Agendas que prometen tener un mayor protagonismo y con la presión de ser atendidas al tiempo que mande la necesidad en la región y no necesariamente según el reloj del calendario central.
En palabras de el exintendente del gobierno de la otrora Presidenta Michelle Bachelet, y actual académico de la Universidad Austral de Chile, Egon Montecinos, con los gobernadores “nace y está naciendo una élite política”. En su opinión, y tomando en cuenta la experiencia comparada, “los países que han entrado en estas reformas, han visto nacer una elite política, que defiende intereses territoriales, que acelera procesos de descentralización”.
El Excel electoral
De las dieciséis gobernaciones, el oficialismo ya perdió tres, como lo son Magallanes, Aysén y Valparaíso, donde se ganó en primera vuelta con Jorge Flies, Independiente pro Unidad Constituyente (UC), Andrea Macías, PS, y Rodrigo Mundaca, Independiente pro FA.
No compite en cuatro regiones, donde sus candidatos quedaron fuera de la segunda vuelta, la más emblemática, la Región Metropolitana, que tuvo a Catalina Parot con el respaldo de todo el oficialismo, y siendo la candidata con el mayor financiamiento económico, no le alcanzó, quedando en la cuarta posición. A ellas se suma Atacama, Tarapacá y el Maule.
De esta manera, Chile Vamos compite en las nueve restantes, pero en varias de ellas, con muy pocas chances, según los cálculos que se han hecho a través del número de votos que recibió cada uno de sus candidatos en comparación con su competidor.
Por ejemplo, en Antofagasta, el candidato RN, Marco Díaz, sacó cerca de 33 mil votos menos que Ricardo Díaz, Independiente pro UC. En Bío bio, la candidata UDI, Flor Weise, obtuvo 96.417 votos, versus los 138.439 de Rodrigo Díaz, Independiente. En La Araucanía, la diferencia es de 92.083 mil votos para el PPD Eugenio Tuma, contra los 60.612 de Luciano Rivas, Independiente pro Chile Vamos. En Los Lagos, Ricardo Kutchel, RN, está a casi treinta mil votos del DC, Patricio Vallespín.
Donde las ventanas parecen más accesibles, sería en las regiones de Arica y Parinacota, con menos de tres mil votos de diferencia entre Enrique Lee por el oficialismo y Jorge Díaz, DC. Coquimbo, en una situación similar, con Marco Sulantay, UDI, a poco menos de tres mil votos del candidato de la oposición, Krist Naranjo, Independiente.
En las restantes, la diferencia promedio es de siete mil votos del candidato oficialista por debajo de su competidor. Acá se encuentran las regiones de O’Higgins, Ñuble y Los Ríos.
Ley corta de traspaso de competencias
Como lo señalábamos anteriormente, esta ley encuentra en trámite, y ad portas de ser revisada en la comisión de gobierno interior de la cámara de diputados luego de haber sido despachada desde el senado.
De todos los parlamentarios consultados, y más allá del mea culpa que hacen por haber llegado a último minuto, existiría un acuerdo trasversal para que la ley sea aprobada previo a que se asuman los cargos. De todas formas, esto no quiere decir que no habrá discusión en diversos puntos.
Por ahora, respecto de lo más relevante, el Senado llegó a acuerdos en diversas materias en torno al alcance que tendrá el nuevo cargo y sus limitantes.
Uno de ellos, es que será la Contraloría el órgano dirimente entre las diferencias que aparezcan respecto de límites de injerencia entre los Gores y la figura del delegado presidencial. A esto se sumó que las competencias transferidas sólo podrán ser revocadas vía ley.
Uno de los puntos en discusión que mayores roces provocó, es en torno a que sucederá en caso de la solicitud de una competencia, y la falta de pronunciamiento del gobierno de turno.
Mientras que La Moneda apostaba a que el silencio significaría una negativa a la solicitud, parte de los senadores apostaban a que la no intervención tuviese como resultado la aprobación de la misma. Finalmente, el escrito señala que, luego de haber sido presentada la iniciativa a través del Comité Interministerial de Descentralización y al no existir pronunciamiento “se procederá a rechazar expresamente la solicitud de transferencia de competencias mediante un decreto firmado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública”.
Otro de los acuerdos contenidos en la ley en trámite, es que el representante del ejecutivo, deberá coordinarse con el Gore y la autoridad administrativa a nivel central para avanzar en las determinaciones según la necesidad regional.
Por último, que el gobernador regional será el superior jerárquico de los directores de los servicios públicos regionales.

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