Las cárceles catalanas vuelven a proponer el tercer grado para los presos del ‘procés’ pese a la oposición del Supremo | Cataluña

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Los líderes independentistas Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras, el pasado 28 de julio, a las puertas de la prisión de LledonersEl reglamento penitenciario establece que cada seis meses se revise la calificación en la que se encuentran los presos para decidir, por ejemplo, si pueden obtener beneficios como permisos. Este jueves le tocaba el turno a los líderes independentistas condenados por la organización del procés y las juntas de tratamiento de las tres cárceles catalanas donde cumplen sus condenas se reafirman en concederles el tercer grado, algo que el Tribunal Supremo ya revocó en diciembre pasado por considerarlo prematuro. El Departamento de Justicia de la Generalitat tienen que decidir ahora si valida la propuesta hecha por el equipo de expertos. Si lo hace, se enfrentaría directamente a la opinión de los magistrados, que sostienen que esta medida suponer dar privilegios a los nueve políticos presos.“Todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios penitenciarios, piensen lo que piensen”, ha asegurado el secretario de medidas penales, reinserción y atención a la víctima de la Generalitat, Armand Calderó. Los informes de las juntas, compuestas por equipos interdisciplinares que evalúan el plan específico de cada preso, son favorables a que se otorgue el régimen de semilibertad. Calder ha recordado que han pasado seis meses desde la decisión inicial de darles el tercer grado a los líderes del procés y ha asegurado que la situación es distinta. “El Supremo exigía un mayor periodo de observación y en estos meses se han podido valorar más el cumplimiento de los planes. Hay un periodo suficiente para que haya cambios”, ha añadido. A partir del próximo 11 de febrero, todos los condenados ya habrán cumplido una cuarta parte de la pena.El alto funcionario de Justicia también ha dicho que, de acuerdo con la Ley Orgánica Penitenciaria, sería “irregular” que los miembros de las juntas de tratamiento propusieran un grado inferior para un preso cuando la evolución “le haga merecedor de su progresión”. También ha criticado que se señale a los funcionarios. “La ejecución de la sentencia no está en la mesa de ningún president ni de ningún consejero”, ha remachado.La pelota queda ahora en el tejado de Justicia, que preside la consejera republicana Ester Capella. El departamento tiene un máximo de dos meses para decidir si apoya o no la propuesta y finalmente se concede el tercer grado a los condenados por sedición, malversación y desobediencia. En el pasado, la Fiscalía ya se ha opuesto a estos movimientos, lo cual abre un baile de recursos e instancias, comenzando con el juez de vigilancia penitenciaria hasta el tribunal sentenciador. Sin embargo, esta vez hay sobre la mesa una decisión del Supremo, de diciembre pasado, en la que se revocaba la semilibertad. Los magistrados criticaron a la Generalitat al considerar que intenta “reinterpretar” la sentencia.Para el tribunal, es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar la evolución de los internos y el tratamiento penitenciario, especialmente cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel). En su día, Capella defendió la labor de los funcionarios de Justicia y, junto con la mayoría de cargos independentistas, calificó de “venganza” la decisión judicial.

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