Las próximas elecciones colocan a Chile en una encrucijada constitucional

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La propuesta de cada artículo de la nueva constitución debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios. Esto significa que es poco probable que tengan éxito las demandas más controvertidas de la izquierda.

Benedict Mander
Rara vez es el momento perfecto para reescribir la constitución de un país, si es que existe alguno. Pero, con los casos de Covid-19 en nuevos máximos, los izquierdistas que consiguieron esta oportunidad de reformas en Chile están preocupados.
“Es como una tragedia griega”, dice Claudia Heiss, directora de ciencias políticas de la Universidad de Chile. “Hemos esperado 30 años para el cambio (desde el fin de la dictadura de Pinochet). Justo cuando llega la oportunidad, de repente nos enfrentamos a condiciones adversas… es muy frustrante”.
Las dificultades económicas causadas por una nueva serie de restricciones a la movilidad y cuarentenas no son el contexto ideal para un debate sobre un cambio político fundamental, luego de las manifestaciones y disturbios de octubre de 2019. Pero la votación para elegir a los miembros de una asamblea que redactará la nueva constitución se realizará el 15 y 16 de mayo.
Muchos de los millones que salieron a las calles en 2019 pidiendo una reforma de la constitución ya no están tan comprometidos con el proceso como lo estaban antes. Casi 80% de los chilenos que votaron en un referéndum el año pasado, aproximadamente la mitad del electorado elegible, optaron por modificar la Carta Magna. Sin embargo, una encuesta de Ipsos muestra que 50% de la población admite que ahora se siente mal informada sobre el proceso.
La desintegración de la izquierda política también ha socavado la ambición de abolir el modelo económico neoliberal, que es criticado por no abordar la desigualdad. La injusticia fue una de las principales quejas de los manifestantes de 2019.
Propuestas radicales
Aunque Chile ha sido gobernado por la Concertación, una coalición de centro-izquierda, durante la mayor parte de los últimos 30 años, surgieron escisiones después de que Michelle Bachelet dejó la presidencia en 2018. Así como la nueva coalición Frente Amplio (Frente Amplio), que es más de izquierda y popular entre los jóvenes, han surgido decenas de independientes, lo que confunde el proceso constitucional.
Mientras tanto, los partidarios de la constitución actual señalan que ha impulsado el vigoroso crecimiento del país y sacado de la pobreza a millones de personas.
Las encuestas muestran apoyo a esta visión y pronostican que la derecha unificada, encabezada por el presidente Sebastián Piñera, asegurará cómodamente más de un tercio de los delegados a la asamblea constitucional. Esto le permitirá bloquear las propuestas más radicales.
“Las perspectivas para los sectores progresista y de izquierda no son muy alentadoras… la fragmentación es muy negativa para nuestros objetivos de transformación”, dice Camila Vallejo, miembro del Partido Comunista de Chile.
Jorge López, que dirige Ipsos Chile, compara las demandas de los chilenos con una “bolsa de gatos” porque son muy variadas. “Fueron sintetizados en una palabra mágica: dignidad”, dice. “Todo el mundo solo quiere un poco más de dignidad… esta palabra mágica es lo que llevó al consenso sobre la necesidad de una reforma constitucional”.
Más igualdad y redistribución económica, con derechos sociales más fuertes en salud, educación, vivienda y pensiones, son una prioridad. Pero los reformadores también quieren una mejor representación de las mujeres, los grupos indígenas y las personas con discapacidad. También buscan un sistema menos presidencialista, en el que los gobiernos locales tengan más poder y los ciudadanos tengan más influencia sobre el gasto.
Además, quienes presionan por una reorganización quieren que el Estado sea más activo en promover acciones para ayudar a Chile a alejarse de su dependencia del cobre, que representa casi la mitad de las exportaciones del país.
La propuesta de cada artículo de la nueva constitución debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios. Esto significa que es poco probable que tengan éxito las demandas más controvertidas de la izquierda, como la abolición tanto de la independencia del banco central como de la regla fiscal que garantiza la prudencia macroeconómica. Queda por ver si los conservadores pueden, a su vez, incluir estas instituciones en la nueva constitución.
El temor es que las demandas sociales puedan generar una carga fiscal insostenible. Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda de Chile, cree que una nueva constitución es una “gran oportunidad para establecer reglas estables para los próximos 30 años”.
Si el gasto público debe aumentar, “también tendremos que buscar un ingreso permanente mayor”, pero esto debería ser gradual, dice Cerda. Señala dos posibles soluciones: restaurar un fuerte crecimiento económico y buscar nuevos ingresos, posiblemente en forma de impuestos.
Cambios al modelo
Sin embargo, los temores de que el modelo económico de Chile pueda sufrir daños irreparables por un cambio constitucional parecen exagerados. López de Ipsos dice que la mayoría de los chilenos son centristas. “Es un mito que los chilenos quieran deshacerse del modelo, solo quieren que funcione”, dice. “En última instancia, quieren mejorar el bienestar”.
“La gente busca la modernización más que un cambio radical”, explica López. “No ha habido una radicalización en Chile, pero hay una gran demanda de mayor participación del Estado” en la economía del país, agrega. “En esto, habrá cambios”.
Heiss está de acuerdo con que es poco probable que el proceso constitucional produzca un nuevo modelo económico, pero dice que estará sujeto a cambios a través del proceso político. “El peligro es que habrá mucha frustración”, advierte, dado que el progreso puede ser lento. “Y no hay mucha paciencia en este momento”.

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