Lobby y una cultura de la autorregulación

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La vida en sociedad ha debido adaptarse a las nuevas condiciones que nos impone la crisis del COVID-19. Y justamente la velocidad de los cambios exige nuevas legislaciones y rapidez de acción para enfrentar la emergencia, lo que no significa saltarse los procesos o las normas establecidas.
Tal es el caso de la Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones de intereses de particulares ante autoridades y funcionarios públicos, ya que su compromiso de autorregulación ha sido insuficiente en esta pandemia.
Así lo demostró una fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT), que constató que no se están registrando las audiencias desarrolladas de manera telemática, sino solo las presenciales, pese a que el reglamento contempla la posibilidad de realizar videoconferencias y, por lo tanto, se exige su registro.

En ese sentido, cabe afirmar que ha habido numerosas reuniones y encuentros entre personeros del sector público y privado, de las cuales no tenemos ningún tipo de información. Esta señal refuerza la desconfianza por parte de la ciudadanía en sus autoridades de Gobierno y el mundo empresarial, potenciando la sensación de que las cosas se arreglan a puertas cerradas y a espaldas de la gente.
En este escenario, la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados solicitó a parlamentarios y asesores, aplicar las normas vigentes sobre lobby a las audiencias que sostienen en distintas plataformas remotas, las cuales han tenido un explosivo crecimiento en su uso durante la emergencia. Y si bien lo mismo debiera regir para las empresas, desde el sector privado no ha habido un pronunciamiento, por ejemplo, de un gremio o asociación similar.
Nadie esperó vivir en medio de una pandemia ni tener que pasar la mayor cantidad del año encerrado en su casa, pero las circunstancias nos han hecho aprender a vivir de esta manera, lo que no significa cambiar las reglas del juego o saltarlas a conveniencia. Y justamente se requiere que las compañías y gestores de intereses estén a la altura de las circunstancias y no se excusen en la “supuesta” falta de especificación de la ley respecto al registro de las citas virtuales, a la vez que refuercen la autorregulación en pro de la probidad y transparencia.
De esta manera, urge actualizar los modelos de compliance y duplicar los protocolos preventivos, de tal manera de evitar la comisión de delitos asociados a la relación con la autoridad, como el tráfico de influencias, conflicto de interés o cohecho.
Hoy, la tecnología disponible invita a subir un par de peldaños más en la transparencia, ya que permite una mejor trazabilidad del lobby y dejar registro fidedigno de las audiencias mediante la grabación. Además, la falta de autorregulación que se ha demostrado durante la pandemia, ha develado la urgencia de mejorar falencias que se arrastran por años, como la identificación de lobbistas, sus deberes y objetivos y las sanciones por incumplimiento. En este contexto, el no registrar una reunión celebrada de manera remota, incumple la ley y debe ser sancionado.
Entonces, en medio de la crisis es totalmente esperable y necesario que haya una mayor interacción del sector privado con el mundo público, pero este interés común y recíproco también puede verse contaminado de presiones y aprovechamientos indebidos.
En el contexto actual, la sociedad y sus necesidades están avanzando más rápido que las regulaciones, por lo que es importante que exista un justo equilibrio que evite tomar el camino fácil, que es el que generalmente conduce a la corrupción, con la excusa de sobrevivir en medio de la crisis a como dé lugar.
Situaciones extraordinarias, requieren de esfuerzos extraordinarios y, si bien es posible que se generen períodos de ajuste, es importante que haya señales tanto desde el mundo público como el privado, para evitar los pequeños resquicios que pueden esconder sus faltas.

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