Poca inteligencia y reincidencia de violencia social marcan octubre 2020

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A un año exacto del denominado estallido social de octubre de 2019, pocos de los pronósticos de seguridad que se hicieron en torno al hecho se han cumplido. Ni el Ministerio Público ni las policías han presentado resultados aceptables y las autoridades políticas, incluida la oposición, siguen en un almanaque diario de cosas hipotéticamente seguras, pero carentes de significado real en materia de seguridad pública.
El Ministerio Público ha sido incapaz, en un año de investigaciones, de formalizar ante los tribunales a un grupo significativo de individuos o grupos organizados de autores, para ser juzgados por la destrucción masiva y alevosa de infraestructura pública, principalmente el metro de Santiago.
Tampoco los servicios de inteligencia del país, de los cuales tenemos seis –la Agencia Nacional de Inteligencia, uno por cada policía y tres de las Fuerzas Armadas, uno por cada rama– han podido entregar una explicación relativamente plausible acerca de las versiones alarmistas que circularon en su oportunidad. Entre ellas, la infiltración de grupos de extremistas financiados por Venezuela o terceras potencias, para sabotear la infraestructura crítica del país y sostener de manera sistemática los niveles de desorden y violencia destructiva.

Tampoco se ha llegado a una versión relativamente concluyente sobre las circunstancias de muerte de ciudadanos, en medio de saqueos o incendios de locales comerciales pertenecientes a cadenas de retail.
Pero quizás una de las cosas más preocupantes es que en medio del estallido social, primero, y luego en la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, el país no tiene certidumbre de cómo se produjo un desarrollo de poder real del narcotráfico sobre diversos territorios, ya sea como benefactor social u ocupando los mecanismos de distribución o la posición de propietarios en una economía fuertemente golpeada en materia financiera y comercial.
Por el contrario, la seguridad ha andado a trastabillones producto de la escasa eficiencia profesional de todo el sistema. La autoridad gubernamental está más preocupada de traspasarle la responsabilidad política de la crisis de seguridad al Congreso, argumentando la falta de aprobación de leyes e insiste en una actitud cerrada de defensa de lo actuado por el mando de Carabineros y sus cuerpos de control del orden público, que, cada vez que se activan, producen problemas que deben ser investigados por la justicia criminal.
Se resiente de manera creciente la falta de una actitud proactiva y de Gobierno de los temas por parte de La Moneda, prácticamente en todos los ámbitos de la seguridad, hasta el punto que el país tiene una difícil tarea para los próximos meses y años.
Es precisamente esa falta de capacidad de generar gobernabilidad y la persistencia de un vacío social de seguridad, lo que contrasta y provoca desazón por el brote de agresividad y violencia que, aún en medio de la pandemia, ha vuelto a producirse en algunas manifestaciones sociales.
La violencia con destrucción de mobiliario público y privado, no solo resulta irracional como acto político, sino muy instrumental y favorable a la tendencia de impedir la reinstitucionalización del país mediante el proceso constituyente que ha empezado, precisamente, este mes de octubre.
Nadie civilizado puede creer, bajo ninguna circunstancia, que precarizar barrios, destruir plazas y medios de transporte colectivos que sirven, principalmente, a la gente de menores ingresos, corresponde a una justa demanda de cambio en el país. Ello solo resulta funcional al juego del miedo impulsado vehementemente por los sectores de derecha radical, y al caos social del anarquismo, obsesionado con la teoría del desplome estructural del Estado burgués. Todo ello si, efectivamente, esa violencia proviene de grupos políticos organizados y no corresponde a una explosión de ira producto de la humillación y las mentiras.
En el vacío de seguridad e ineficiencia de las instituciones de orden, no se puede descartar que parte de ella sea también una manifestación de ira irracional, en un ambiente de violencia institucionalizada, daño, marginalidad y menosprecio a sus víctimas, y que favorece los estallidos incontrolables.
La acción racional requerida de parte del Estado depende del presupuesto que, año a año, todos los chilenos ponen de sus impuestos. Pero no existe ni control político ni respuestas adecuadas producto de este aporte. Y la gestión gubernamental y legislativa parece más empeñada en generar una ecología institucional para la violencia, que una que cumpla una función esencial del Estado moderno: la seguridad de sus ciudadanos, con acciones políticas equilibradas que eviten la humillación y el abuso, y permitan el uso legítimo y legal de la fuerza de que está dotado el Estado.

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