¿Qué nos dice Temucuicui? – El Mostrador

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Recién terminé de ver la grabación de la sesión de la comisión de Seguridad Pública del 11 de enero de 2021. Un conocido mío me recomendó verla y, en especial, la intervención del subsecretario del Interior, la que sucede al término de esta sesión dedicada a revisar los hechos de la semana pasada que resultaron en la muerte de un inspector de la PDI y, por otro lado, en circunstancias completamente ajenas y distintas, matan a un militante de la UDI.
Comenzaré esta columna como corresponde, con mi más sentido pésame por un detective caído en servicio y lamentando la muerte de un dirigente y agricultor que se la jugaba por lo que él creía correcto y justo. Ellos pagaron con su vida, el resto seguimos en el mundo de los vivos.
Producto de la muerte del inspector Luis Morales, descubrí que la PDI también realiza una promesa de servicio al estilo de las Fuerzas Armadas y que termina literalmente “hasta rendir la vida si fuese necesario”. Este último mártir de la PDI es el mejor ejemplo de que esa promesa de servicio no es un conjunto de palabras vacías.

Ya llegará el minuto de investigar si es que hubo fallas en el operativo de Temucuicui, pero lo que más importa en lo táctico y operativo son las lecciones aprendidas, de modo que, si es que tienen que volver a realizar algo similar, sus procedimientos estén mejorados y el resultado sea una operación más eficiente y efectiva.
¿Por qué lo anterior es importante? Lo es porque hubo un detective que dio su vida en ese operativo y no queremos que haya un segundo la próxima vez que el Ministerio Público disponga de una operación de similar naturaleza. También es importante porque la operación de la semana pasada demostró lo que muchos trataban de esconder o, bien, como reza el dicho popular, trataban de tapar el sol con un dedo: en algunas provincias de La Araucanía operan grupos organizados que disponen de entrenamiento y armamentos propios de Fuerzas Armadas. Estos grupos dominan en ciertos territorios en los que hacen lo que quieren y en donde el Estado de Chile no está ejerciendo la soberanía que le corresponde.
Podemos pasarnos días, semanas y meses discutiendo sobre la naturaleza del problema. Algunos dirán que esos grupos insurgentes son el reflejo de la autonomía que busca el pueblo Mapuche, otros dirán que son grupos narcotraficantes que no solo se dedican a eso, sino que además a todo tipo de actividades ilícitas remuneradas, como puede ser la explotación maderera no regulada.
Mi experiencia en Camboya en 1992 –como parte de la Autoridad Transitoria de Naciones Unidas (UNTAC) en ese país, establecida con el fin de implementar los acuerdos de paz de París firmados en 1991– indica más bien que son la suma de ambas, lo que hace más difícil su solución. El Khmer Rouge, con el fin de sobrevivir en la selva camboyana, realizaba tala de bosques indiscriminada o, bien, facilitaba el tráfico de estupefacientes por los territorios que controlaba. Con eso, tenía de qué vivir y seguir en la lucha en la cual estaban comprometidos por más de 20 años.
Por otro lado, lo vivido por Colombia durante décadas confirma lo anterior. Se produce un círculo virtuoso inverso al sumar los que quieren independencia o pelean contra el gobierno central, con formas de generación de ingresos o de recaudación que no son aquellos a los que estamos habituados.
Porque es necesario tener claro el problema. Lo es porque, si se entiende o conoce el problema, se pueden elegir las soluciones adecuadas. En esto está la clave del problema actual. Algunos más cercanos al pueblo Mapuche dicen que el problema es político y de larga data, y los que están en el Gobierno insisten en calificarlo como un problema policial. Y adivinen qué: la semana pasada el Ministerio Público decidió que era un problema delictual y resolvió darle una solución policial. Los resultados hablan por sí solos, pero por sobre todo habla la muerte del inspector Morales, que es la mejor evidencia de un diagnóstico errado. A él no le van a poder venir con cuentos. Ya se comió el cuento y pagó con su vida, la que fue terminada por una persona utilizando armamento más propio de ejércitos que de delincuentes.
Como complemento a lo anterior, el subsecretario del Interior, en su intervención en la sesión especial de la Comisión de Seguridad, en donde –si no me creen, recomiendo escucharlo– al amparo de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, no asume mayores responsabilidades por la conducción operativa de la seguridad pública y la deja en manos del Ministerio Público por ser un tema judicial, lo cual me lleva a pensar de que Chile es gobernado por el Ministerio Público y no por el Ejecutivo, que fue elegido para ese propósito.
Como bien dijo el jefe de la PDI, ellos no se mandan solos y están obligados a cumplir las órdenes de los tribunales y del Ministerio Público, los cuales no son los responsables de asegurarles el equipamiento o de la inteligencia necesaria para la realización efectiva de una operación dispuesta con el fin de atrapar narcotraficantes y contrabandistas, lo que incluye además los medios aéreos y satelitales necesarios para el éxito de la tarea. En resumen, y perdonando mi español, esto parece una “cueca en pelotas”, ya que tenemos un Gobierno que no gobierna y, en cambio, tenemos un Ministerio Público y tribunales que disponen de las policías y determinan cómo se ejerce la soberanía en Chile.
Siendo yo un enemigo de la creación de nuevos ministerios, quizás llegó la hora de separar Interior de la Seguridad Pública, esperando que el primero se focalice en la solución política de los problemas que tenemos en La Araucanía, y el segundo, en que esa zona y el resto de Chile constituyan un país seguro. Lo que no acepto ni recomiendo es una solución militar a un problema que es de origen principalmente político, que con el tiempo se ha ido vistiendo de delictual. Ya pasaron las épocas de usar al Ejercito para establecer y mantener la soberanía interior y pacificar La Araucanía, y llegó el momento de que el Gobierno democráticamente elegido cumpla con el mandato del soberano que lo eligió a fines del 2017 y, de una vez por todas, el Estado de Derecho exista en todo el territorio nacional.
Luis Morales y Orwal Casanova merecen no ser unas víctimas más del conflicto de La Araucanía y está en nosotros exigir que el Gobierno ejerza su autoridad y, a la vez, lidere las soluciones políticas y policiales correspondientes, no el Ministerio Público, el cual, si bien es parte del Estado, no fue diseñado para ese fin y propósito.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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