Sin contar bonos, reajuste salarial del sector público tendrá un costo fiscal de US$ 600 millones

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Si bien el Gobierno y los trabajadores estatales no lograron un acuerdo, en la discusión en el Congreso se abordará un bono “Covid” para los funcionarios de Salud.

Hoy, cerca de las 10 de la mañana, el Gobierno ingresará a la Cámara de Diputados el proyecto de reajuste salarial para los funcionarios estatales, luego de no alcanzar un acuerdo con la mesa del sector público (MSP) al cabo de dos semanas de negociaciones. La iniciativa comenzará su trámite con urgencia de discusión inmediata.
La propuesta, elaborada por el Ministerio de Hacienda en conjunto con la Dirección de Presupuestos (Dipres), considerará un reajuste salarial nominal de 2,7% para los funcionarios que perciban ingresos mensuales de hasta $ 1,5 millones. Así, dicho grupo mantendría su poder adquisitivo, ya que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) justamente acumula una variación de 2,7% en los últimos doce meses.

Para las rentas sobre $ 1,5 millones, en tanto, se sugiere un reajuste de 0,8%.
Solo considerando los guarismos, el costo fiscal del proyecto asciende a cerca de US$ 600 millones, monto que aumentará al calcular el valor de los distintos bonos que entregará el Estado a sus funcionarios.
Esto, dado que el aguinaldo de Navidad, de Fiestas Patrias y el bono de escolaridad también se reajustarán en un 2,7%. Asimismo, se incluye un bono compensatorio para las rentas más bajas, que se aumentó desde $ 35 mil el año pasado a $ 45 mil este año para quienes perciban ingresos de hasta $ 545 mil.
El planteamiento del Ejecutivo también considera entregar el 50% del bono de vacaciones 2019, cuyo monto asciende a $ 61 mil para las personas que tengan ingresos de hasta $ 773 mil y de $ 43 mil para quienes perciban hasta $ 1,4 millones. A diferencia del año pasado, no se dará una bonificación por término de negociación.
Foco en Salud
Otros de los temas que se acordaron en la negociación y que se incluirán en el proyecto son una serie de beneficios para los funcionarios del área Salud, quienes se han llevado parte importante de la carga del combate contra la pandemia.
Por lo mismo, la propuesta contemplará que las metas sanitarias del año no se verán afectadas por la pandemia, y el pago del bono por encuesta de satisfacción de trato usuario con el monto máximo (tramo 1). Así, se entregará una bonificación de $ 85 mil por funcionario para las instituciones en el tramo 2 y de $ 160 mil para las que se ubiquen en el tramo 3.
En lo que no se llegó a acuerdo entre las partes fue en otorgar un “Bono Covid Salud” para los funcionarios del área, debido a la alta dispersión de las demandas de los gremios (desde $ 100 mil a $ 700 mil). Este punto se abordará en el debate en el Parlamento.
Tenso debate
La discusión en el Congreso estará enmarcada por movilizaciones convocadas por los gremios del sector público y los funcionarios de la salud que, agrupados a través de la Confusam, anunciaron una paralización de la atención primaria en rechazo a la propuesta del Ejecutivo.
La demanda de los trabajadores estatales encontró eco en el Congreso, ya que bancadas opositoras como el PCy el PPD pidieron al Ejecutivo mejorar su oferta salarial.

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