Vertedero Municipal de Puntra en Ancud: una superintendencia del Medioambiente que ya no ladra ni muerde

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En la institucionalidad ambiental chilena, la Superintendencia del Medioambiente (SMA) tiene el rol protagónico en la fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental. Se podría decir que institucionalmente son los encargados de la defensa ambiental, aunque generalmente se mueven empujados por la insistencia de la ciudadanía que debe lidiar con gestiones poco claras, lentas e innecesarias, ante casos de denuncias que deben ser atendidas con urgencia.
En la práctica, la SMA centra su trabajo en la fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que resultan del proceso de evaluación ambiental y que establece los parámetros técnicos de acuerdo a los que un proyecto debe ser fiscalizado. Por eso, cualquier operación contaminante y con impactos ambientales que opere sin RCA incurre en una de las infracciones más graves, no sólo por sus impactos ambientales sino por la transgresión directa a la lógica y las normas de nuestro ordenamiento ambiental chileno. Pero ante la vista pasiva y permisiva de la institucionalidad, la gestión del edil ancuditano Carlos Gómez ha conseguido reescribir completamente este proceso.
La nueva forma de hacer gestión ambiental consiste –para la municipalidad de Ancud– en esperar por años hasta el previsible colapso de un vertedero precario sin prever un sitio alternativo y adecuado. Entonces en el 2019, cuando la basura comenzó a inundar las calles de Ancud generando un conflicto socioambiental y político, se solicitó –y acordó– una alerta sanitaria para empezar a hacer excepciones, primero “inocentes” para luego ir aumentando en gravedad e imprudencia. Así, los residuos domiciliarios comenzaron a ser llevados a vertederos industriales afectando otras comunidades en Chiloé, mientras que los intentos por habilitar improvisada y brutalmente un relleno sanitario en San Antonio de Huelden fracasaban rotundamente. De esta manera, obstinados y sin capacidades, el equipo municipal nunca logró aprender de sus errores y decidió finalmente sorprender a la comuna e imponer un bosquejo de vertedero mantenido en estricto secreto, sin pretender ingresarlo a evaluación ambiental previa, hacer participación ciudadana y sin fundamentos técnicos en una zona de altísimo valor ecológico en el área de influencia de un Santuario de la Naturaleza.  Todo esto, bajo el supuesto amparo de una misma alerta sanitaria que ya se extiende por más de dos años.
Recién cuatro meses después de que el vertedero ya había entrado en operación, la SMA ladró, e inició un procedimiento de requerimiento de ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental (Rol REQ-014-2020), previniendo al titular de que estos proyectos “sólo podrán operar una vez que obtengan una resolución de calificación ambiental favorable”.  Finalmente, cuando el vertedero cumplía siete meses de vida en funcionamiento, y después de repetidas extensiones de plazo y reposiciones interpuestas por el municipio, la SMA aprobó un cronograma utópico de ingreso del proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) permitiendo que el vertedero siguiera funcionando bajo la hipótesis de la alerta sanitaria, inédita en su uso y aplicación en Chile. La Superintendencia se puso a sí misma en un escenario sin salida en que se encontraría, hasta hoy, desprovista de parámetros que le permitan ejercer su rol de fiscalización. Es decir, no mordió. 
En febrero del 2021, 13 meses después de la entrada en operación del vertedero, el Servicio de Evaluación Ambiental decidió poner término anticipado a la evaluación ambiental del proyecto ingresada en noviembre del 2020, ya que ni siquiera reunía los antecedentes mínimos para ser evaluado. Antecedentes que, si no existen hoy, tampoco existían hace más de un año cuando se inició la construcción del vertedero.  
No se sabe que tan real fue este intento de la municipalidad por evaluar ambientalmente el proyecto, ya que una vez más, se vio beneficiada de su propia negligencia y de este prolongamiento de los tiempos burocráticos, evitando un incómodo proceso de participación ciudadana y pasando a una nueva ampliación del vertedero, siempre a oscuras de la institucionalidad ambiental. Técnicamente, con el término anticipado a la evaluación ambiental, la Municipalidad no cumplió con lo comprometido. Y ahora que el cronograma de ingreso demostró terminar en poco más que un despilfarro de recursos y un gesto simbólico que refleja la poca seriedad con la que el municipio se toma los aspectos ambientales de su vertedero, la SMA que ha sido abiertamente burlada, ya ni se molesta en pronunciarse. Es decir, ya no ladra ni muerde. 
Pero esto no es ni lo más negligente ni lo más grave, ya que en la medida que la participación de la Superintendencia se ha ido desvaneciendo hasta convertirse en un agente anecdótico, secundario e irrelevante, las infracciones y las denuncias, en un sentido contrario, se han ido agravando cada vez más, con ejemplos como filtraciones de lixiviados a los acuíferos, afectaciones a la fauna, malas prácticas de manejo, inestabilidad del terreno, improvisación, y obras requeridas para la operación que incluso la propia SMA ha reconocido que no existen, están mal hechas o no terminadas, contradiciendo la permisividad de la autoridad sanitaria, que ciegamente las ha dado siempre por cumplidas. 
Para entender esta segunda dimensión de la fiscalización de la SMA que emana plenamente de las incontables denuncias ciudadanas, hay que retroceder a junio del 2020: en pleno invierno en Chiloé, conocidos por todos como un territorio lluvioso salvo por los responsables del vertedero, la situación ambiental del vertedero se hizo insostenible. Sin sistema de aguas lluvias, un manejo de lixiviados inapropiado para este lugar lluvioso, sin cerco perimetral entre otras falencias, la zanja se había llenado literalmente de lixiviados mezclados con la basura amenazando con contaminar a toda la cuenca del Chepu, la más grande de todo Chiloé. 
Entonces, la SMA fue a fiscalizar, y de esta visita imprecisa y carente de rigor técnico y científico, resultó un procedimiento de medidas provisionales preprocedimentales (Rol MP-029-2020) en el que se ordenaban acciones urgentes ante el inminente daño para el medio ambiente. Pero estas instrucciones no fueron realmente significativas, ya que, por mencionar solo un ejemplo, la fiscalizadora estimó la profundidad de los lixiviados acumulados de acuerdo a la opinión del operario del vertedero, y no corroboró mediante mediciones ni calculó el volumen real de estos líquidos al interior de la zanja. Consecuentemente, la medida instruida al municipio consideró entre otras cosas, la extracción de los lixiviados, pero sin decir ni cuántos ni cómo. En otras palabras, la SMA le dijo al municipio que hiciera lo que quisiera, pero que hiciera algo, una vez más sin establecer parámetros técnicos para el control de la situación en un contexto en que –recordemos– no existe tampoco resolución de calificación ambiental. Pero al menos ladró. 
Ese expediente duerme desde agosto del 2020, cuando el municipio ingresó el informe de las medidas ejecutadas. Desde entonces, y habiendo pasado seis meses en silencio, la SMA no ha dicho nada ni iniciado un procedimiento sancionatorio. Como se dice popularmente, “el chiste se cuenta solo”, aunque éste no tiene nada de gracioso.   
Y ésta no es la única situación de estas características en torno a la historia del vertedero. Innumerables denuncias, con evidencias, registros y análisis científicos se están apilando en algún rincón indeterminado de la Superintendencia, en un mundo poco claro y posmoderno incluso con el nuevo sistema de denuncias. Sólo gracias a una solicitud hecha mediante Ley de Transparencia, se pudo saber de una visita de inspección ejecutada el 14 de enero del  2021, luego de diversas e insistentes denuncias. A partir del acta de esta última inspección, pareciera ser que definitivamente la SMA no tiene o no quiere aplicar herramientas para medir distancias, volúmenes, analizar contaminantes, reconstruir registros, o entender fenómenos más que entrevistar al encargado y tomar puntos georreferenciados. Aun así, el acta confirma las denuncias y refleja antecedentes tan graves como los que en junio gatillaron en poco más de 24 horas un procedimiento de medidas provisionales.
En particular, se constata la presencia de lixiviados fuera del área impermeabilizada del vertedero, representando este hecho por sí solo un grave daño al medio ambiente. Sin embargo, el fiscalizador no se pregunta por la posibilidad de que estos lixiviados estén percolando desde la sobrecelda extendida más allá de la impermeabilización del vertedero lo que es evidente en las imágenes y, en cambio, a pesar de remover la zona en cuestión y percibir olor a lixiviados, sólo recoge explicaciones interesadas e implausibles del encargado del sitio. 
Esta vez, a más de un mes de ser emitida, la institución no ha dicho ni hecho nada con esta acta de fiscalización, y extraoficialmente promete informes, investigaciones y medidas que nunca llegan. La intervención en junio de la superintendencia inspiró esperanza y tranquilidad en las comunidades, lo que rápidamente se transformó en decepción y más indignación. Definitivamente, la SMA ya no ladra ni muerde, y de seguir actuando bajo esta lógica burocrática y pantomímica, la institución podría desaparecer completamente del escenario sin que eso signifique ninguna diferencia ni para las comunidades afectadas de Puntra y Chepu ni para los ecosistemas aledaños ni para el Santuario de la Naturaleza, mientras el Municipio de Ancud hace literalmente lo que quiere sin ningún tipo de control real.

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